València | 23·12·21 | 11:14
Prisión permanente revisable. Y cuando concluya, otros 24 años más de cárcel. Esa es la pena que exige, provisionalmente y en función de lo que ocurra en el juicio, la madre de Marta Calvo, Marisol Burón Flores, para el presunto asesino en serie acusado de dar muerte a su hija y a dos mujeres más, y de intentarlo con otras siete, que se sepa por ahora. A ello se le suma una responsabilidad civil de 150.000 euros no solo por el asesinato de Marta, sino también por la ocultación de su cuerpo, que se prolonga ya dos años, desde el 7 de noviembre de 2019, sin que haya un solo atisbo de que el acusado vaya a romper su silencio para revelar qué hizo con la joven y dónde se deshizo realmente de su cadáver. De hecho, le exige también el pago de los gastos generados por la búsqueda.
En estos términos se manifiesta Marisol Burón a través de su abogada, Pilar Jové, en el escrito de conclusiones provisionales presentado hoy mismo ante el juez de Instrucción número 20 de València, que es quien dirige la investigación de la Guardia Civil desde que asumió, hace año y medio, la instrucción de todos los casos que se le atribuyen a Jorge Ignacio P.J.: el de las tres fallecidas -Marta Calvo Burón, Lady Marcela Vargas y Arliene Ramos dos Santos- y el de las siete chicas que sobrevivieron a encuentros sexuales con el presunto asesino en serie.
Esa es la catalogación delictiva que le dedican a Jorge Ignacio P. J. tanto la acusación particular ejercida por la madre como la que representa al padre, a tenor de la descripción de hechos que detallan ambos escritos de acusación. De este modo, además de la enumeración de hechos que precedieron al asesinato de Marta Calvo -trató de mantener dos citas sexuales en las horas previas que resultaron frustradas; de hecho, una de ellas es una de las supervivientes que le echó de su casa por su estado de agresividad y euforia-, la letrada Pilar Jové recoge los ataques a esas otras dos víctimas mortales y a las mujeres con las que se citó y que lograron sobrevivir.
Práctica sexual letal con ritual de intoxicación
Y describe: «El interés y objetivo de Jorge Ignacio P. J. en sus encuentros con estas mujeres era una práctica sexual letal a través de un ritual de intoxicación mediante la introducción de cocaína por vía vaginal o anal en sus cuerpos, mientras estaban desprevenidas, en ocasiones, sin el conocimiento de estas y, en otras, a pesar de su expresa negativa«.
La cocaína que les suministraba, recoge, «era de una pureza muy superior a la que existía en el mercado ilícito», lo que «conllevaba el inmediato acceso al torrente sanguíneo y al sistema nervioso central de dichas mujeres», dejándolas en un estado de enajenación absoluta y, hasta en tres ocasiones que conste, provocándoles la muerte entre fuertes convulsiones.
Por ello, concluye, que el acusado es autor de cuatro delitos: el de asesinato con agravante de género por el que la prisión permanente revisable; agresión sexual con agravante de género, por el que pide 15 años de prisión; contra la salud pública (tráfico de drogas) con la agravante de reincidencia, por el que exige 6 años de cárcel; y contra la integridad moral, por el que solicita otros tres años más de cárcel.
Total, la permanente revisable, que supone cumplir de manera efectiva 20 años sin descontar ni un solo día, y revisar esa condena solo a partir de ese cumplimiento efectivo, y 24 años más de presidio, que se cumplirían después, a partir del momento en que Instituciones Penitenciarias y el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria a quien correspondiese considerasen liquidada la primera de ella, la permanente revisable.
Y, por supuesto, los 150.000 euros como responsabilidad civil subsidiario, así como los gastos generado por esa «búsqueda sin descanso» y sin resultados del cadáver de Marta que la Guardia Civil ha llevado a cabo desde el inicio y que aún continúa, primero, siguiendo la versión que ofreció el presunto asesino en serie cuando se entregó, en la madrugada del 4 de diciembre de 2019 en el cuartel de Carcaixent, y después, a partir de sus investigaciones. El último de esos rastreos se produjo hace solo mes y medio, en octubre pasado, en torno a un pozo de riego en Senyera, a partir del testimonio de una mujer que se cruzó con él en ese punto el 12 de noviembre de 2019, cinco días después del crimen de Marta.
Un juicio con casi un centenar de testigos y peritos
Para la celebración del juicio con jurado, previsto para finales de este año si todo va rodado, la madre de Marta Calvo quiere que declaren 57 testigos, buena parte de ellos guardias civiles, pero también la madre del acusado o sus caseros en Manuel, con quienes tenía una relación estrecha que trascendía la del arrendamiento, o las mujeres que sobrevivieron a Jorge Ignacio P. J. y que desgranarán su sufrimiento durante esos episodios.
Además, pide que se cite a once testigos-perito y a 22 especialistas, entre médicos forenses, policías científicos, psiquiatras, psiólogos y criminólogos, para practica la prueba pericial, uno de las principales, a parte del testimonio directo de sus víctimas, para poner de manifiesto en la sala la personalidad y modo de actuación del presunto asesino en serie.