El magistrado reitera que actuó «a sabiendas» de que sus prácticas eran mortales y le exige 350.000 euros de fianza para afrontar las indemnizaciones.
El juez de Instrucción número 20 de València ha ordenado apertura de juicio oral contra Jorge Ignacio P.J., presunto asesino en serie de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas, y solicita una fianza inicial de 350.000 euros para hacer frente a las indemnizaciones de las familias de las tres chicas asesinadas y de las ocho mujeres que sobrevivieron a encuentros sexuales con el acusado.
Así lo ha decretado el juez en un auto firmado el pasado 28 de enero y que da paso ahora a que la Sala del Jurado fije la fecha para el inicio de la vista oral, que se prevé, dado el actual calendario de juicios con jurado, para después del verano de este 2022, es decir, a las puertas del tercer aniversario del asesinato de la última víctima mortal, Marta Calvo, cometido el 7 de noviembre de 2019.
El juez que ha instruido la causa por más de 30 delitos, desde abuso y agresión sexual hasta asesinato, pasando por tráfico de drogas, ya que a todas sus víctimas les administraba presuntamente cocaína muy pura y en estado rocoso por vía genital sin su consentimiento, ordena que el acusado continúe en prisión, algo que ya estaba ratificado oficialmente desde el pasado diciembre, cuando el magistrado prorrogó la situación de prisión provisional.
Tal como ha venido publicando Levante-EMV, la Fiscalía solicita para Jorge Ignacio P. J. 130 años de cárcel e indemnizaciones de 340.000 euros, y en todos los casos estima, como el resto de acusaciones, que el inculpado se sirvió de las agresiones sexuales para cometer los homicidios y los delitos de lesiones, en el caso de las chicas que sobrevivieron a las citas con él.
Dos condenas de prisión permanente
Las tres acusaciones particulares, ejercidas en nombre de la madre de Marta, de su padre y de las familias de las otras dos víctimas mortales, así como por parte de siete de las ocho supervivientes, solicitan dos condenas de prisión permanente revisable (hablan de asesinato y no de homicidio, como la Fiscalía, aunque esta última podría elevar la gravedad de los cargos durante el juicio oral), a las que se suman otros 184 años de cárcel, e indemnizaciones que se elevan, en global, más de un millón de euros.
Su defensa, en un escrito de apenas unos folios, exige la libre absolución con el argumento de que no cometió ninguno de los delitos que se le imputan.
A sabiendas de que su práctica era letal
El juez instructor, que da por finalizado con este auto su trabajo en esta causa, considera que hay suficientes «indicios raciones de criminalidad» contra el presunto asesino en serie basados, entre otras cosas, en «la exhaustiva investigación policial» y en «el testimonio de las distintas víctimas que relataron haber sufrido introducción de cocaína en su vagina y ano».
Y recoge, como han expuesto y defendido todas las acusaciones, que «de todo lo actuado» se desprende con claridad que «el investigado reiteró esas prácticas sexuales conociendo perfectamente sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en elfallecimiento de tres de sus víctimas, verificando dichas prácticas durante un período inferior a un año y sobre, al menos, once mujeres con las que contactó para mantener servicios sexuales, condicionados y sobre la base de ese consumo que el mismo facilitaba [siempre exigía practicar ‘fiesta blanca’, esto es, relaciones sexuales durante las que se consume cocaína] y con introducción inconsentida de cocaína en sus órganos genitales«.